El costo de la equidad

Cada cierto tiempo, el debate público uruguayo se ve sacudido por un cuestionamiento que suele presentarse como una verdad de sentido común. Se argumenta que el Correo Uruguayo, al registrar constantes balances negativos y requerir transferencias del Estado, opera bajo un modelo de gestión ineficiente que debería reconvertirse mediante parámetros de estricta rentabilidad privada. Esta postura, aunque atractiva en el papel, ignora la naturaleza esencial de la empresa y confunde, muchas veces de forma deliberada, un servicio público con un negocio comercial.

Para comprender la magnitud de este error, es necesario adoptar una perspectiva de políticas públicas. Cuando se compara al Correo Uruguayo con un operador privado, se realiza un ejercicio analítico viciado. Mientras el sector privado selecciona mercados rentables por volumen y densidad, el Correo opera bajo el mandato legal del Servicio Postal Universal (SPU). Esta obligación le impone garantizar la cobertura en todo el territorio nacional, sin importar la lejanía, la baja densidad demográfica o el costo operativo que implique llegar a cada rincón del interior profundo.

En el plano internacional, esta vocación pública es la norma. Según datos de la Unión Postal Universal (UPU), existen 305 entidades relevantes en el sector postal y logístico; 209 operadores postales designados y 96 empresas privadas de paquetería de alcance global o regional. América, Oceanía, África y los territorios dependientes mantienen el 100% de sus operadores bajo control público o estatal. De los 209 operadores designados, 195 son públicos y solo 16 han experimentado procesos de privatización o transformación estructural, concentrados mayoritariamente en Europa y Asia. La ola de privatizaciones tuvo su pico entre 2013 y 2015, con casos emblemáticos como Royal Mail (Inglaterra) o Japan Post (Japón). Parece que la norma es mantener el control estatal. La privatización postal es la excepción, no la regla.

Por lo tanto, cuestionar el financiamiento público del Correo es omitir una distinción fundamental. Los recursos inyectados no solventan ineficiencias de gestión, sino que representan el costo de la logística integral y la capilaridad territorial. Ninguna empresa privada tiene la obligación de repartir correspondencia, suministros médicos, artículos educativos o documentación oficial en una localidad remota de Cerro Largo o Artigas si la operación genera pérdidas. El Correo Uruguayo sí lo hace. En este sentido, el verdadero subsidio no es al Correo, sino a la soberanía nacional.

Si imaginamos un escenario donde el Correo eliminara todas sus operaciones deficitarias, concentrándose únicamente en el Área Metropolitana, Maldonado y Colonia, sus resultados financieros mejorarían drásticamente. Pero surgiría un dilema crítico: ¿Quién garantizaría la logística estatal en emergencias climáticas, la entrega de medicamentos a pacientes rurales, el traslado de muestras de sangre de todos los bebés nacidos en Uruguay desde las maternidades hasta el laboratorio de Análisis Clínicos del BPS en Montevideo, o la entrega de materiales educativos a escuelas alejadas? La respuesta es que el Estado terminaría pagando a terceros, probablemente a un costo superior y con una calidad de servicio fragmentada.

El análisis de esta problemática se completa al observar la profunda asimetría competitiva que existe. Por ejemplo: en muchos países la obtención de una licencia postal es un proceso regulatorio exigente con barreras de entrada (requisitos de capital, seguros obligatorios, flota actualizada, obligaciones de servicio universal, supervisión estricta, sistemas de CCTV). En contraste, en Uruguay, la licencia y operación de servicios de

paquetería y logística pueden obtenerse con requisitos administrativos relativamente simples, facilitando la entrada de operadores privados en segmentos rentables sin asumir obligaciones de cobertura nacional. Y hoy esa asimetría se ha ampliado con las plataformas digitales de ‘delivery’ de última milla, donde en muchos casos, estos modelos digitales se expanden sin las cargas de seguridad social o las obligaciones de servicio público que el Correo asume por ley. Entonces, hablar de subsidio y comparar los resultados sin considerar estas diferencias, se vuelve un ejercicio de mala fe. Los resultados no son comparables porque las misiones institucionales son diametralmente opuestas.

Recientemente, la administración ha presentado el ‘Plan Estratégico 2025–2030’, que busca consolidar el rol social del Correo y mejorar su sostenibilidad económica. Esta hoja de ruta, que establece 12 ejes estratégicos, plantea una reconfiguración hacia donde convergen las necesidades del Estado y la población. No obstante, el desafío sigue siendo político y no meramente contable.

La discusión debe centrarse en cuánto costaría al Uruguay prescindir de la cohesión territorial que esta herramienta garantiza. Desmantelar su capacidad operativa bajo el pretexto de la eficiencia comercial significaría, en última instancia, retirar la presencia institucional del Estado en gran parte del país. El verdadero dilema es decidir si el territorio nacional debe ser administrado bajo criterios privados de rentabilidad excluyente o, bajo el compromiso irrenunciable de una nación integrada con igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.