El corazón emprendedor de nuestras empresas públicas.

Hay debates que duelen, y este es uno de ellos. En Uruguay, hablar de empresas públicas es hablar de nuestra historia, de la fibra misma de lo que significa ser un país con vocación de justicia social. Sin embargo, últimamente la discusión se ha vuelto fría, numérica, despojada de alma y, a veces, con un dejo de antipatía. Se habla de “déficit”, de “temeridad”, de “riesgo”, y se olvida que estas instituciones -forjadas por el Batllismo con visión de futuro- son mucho más que balances: son la capacidad del Estado de cuidar a su gente. 

Me incomoda escuchar discursos que las atacan con la frialdad de quien quiere deshacerse de un mueble viejo. ¿Qué pasó con esa épica, con esa visión de soberanía? Aquí, en Uruguay, el debate sobre las empresas públicas suele centrarse en las ineficiencias en gestión, estructuras pesadas y burocráticas, falta de profesionalismo de los funcionarios, tamaño del Estado, altos costos, intereses políticos, tarifas poco competitivas, corrupción, etc.; relegando a un segundo plano su esencia fundacional: su capacidad social y su rol como instrumentos de política pública. Estas instituciones nacieron no solo para proveer servicios, sino para garantizar soberanía, inclusión y equidad social. Hoy, cuando más se las cuestiona, es crucial recordar esta diferencia fundamental. Cuando el Batllismo impulsó la creación o nacionalización de empresas como UTE (energía), ANCAP (combustibles), ANTEL (telecomunicaciones) o el CORREO URUGUAYO (servicio postal y logístico fortalecido por ese espíritu estatista), el objetivo era doble: generar desarrollo nacional y evitar que servicios esenciales quedaran a merced de la lógica de maximización de ganancias de los monopolios extranjeros. Entonces, las empresas públicas son, por definición, distintas a las empresas privadas. Su “competencia” no es solo con otras firmas del mercado, sino con la necesidad social. Su principal indicador de éxito no es la ganancia neta, sino el impacto positivo en la vida de toda la población: garantizar acceso, calidad y cobertura incluso en los rincones más lejanos o menos rentables del país. Atacar su rol social es atacar el corazón mismo de una tradición uruguaya de equidad.

La soberanía no se vende.

Un ejemplo claro de la diferencia entre el interés corporativo y la política pública se vio recientemente con la compra de las operaciones de Movistar (Telefónica) en Uruguay por parte de Millicom (Tigo). La pregunta es pertinente: ¿se fue Movistar porque el mercado uruguayo dejó de ser atractivo, o porque su estrategia global los llevó a desinvertir en países donde no eran líderes absolutos o el retorno no era espectacularmente alto? La respuesta es sencilla: las empresas privadas se mueven por la estrategia global de retorno al accionista. Si una filial —aunque sea rentable— no cumple con los megabenchmarks de una multinacional, se vuelve prescindible. Es una decisión puramente económica, ajena a la necesidad del ciudadano. Pero no termina ahí. El magnate Carlos Slim, dueño de Claro, fue más lejos: criticó abiertamente a Uruguay diciendo que su empresa “no debería estar” en el país, justificando su descontento en la regulación. Su lamento no es por la falta de un buen negocio, sino por la imposibilidad de obtener un monopolio total, ya que la regulación uruguaya le impide ingresar al mercado de televisión. Esa “traba” regulatoria es, en realidad, un escudo.

En este escenario, ANTEL se erige como garante de la competencia, la infraestructura y, sobre todo, del derecho básico a la conectividad. Mientras los privados buscan su salida o se quejan de las reglas, nuestra empresa pública garantiza que el servicio llegue a cada rincón del país.

Riesgo social vs. riesgo temerario.

Otro punto de crítica constante es la gestión del riesgo y la inversión. El caso del ANTEL Arena es un ejemplo perfecto. El cuestionamiento no debería ser si fue un proyecto “caro”, sino por qué una empresa pública no podría tomar riesgos para generar infraestructura y políticas que beneficien a toda la sociedad, tal como lo hacen cada día las empresas privadas cuando buscan abrir nuevos mercados. Cuando los precios altos se comparan con los ingresos promedio, se vuelve difícil para amplios sectores de la población asistir a conciertos, deportes u otros eventos culturales en dicho recinto. Esto puede generar que sólo quienes tienen mejor poder adquisitivo puedan participar. ANTEL ha manifestado en estos días que negociará un nuevo contrato de gestión del Arena para reducir costos y permitir espectáculos “más populares”. Lo haría a través de ITC (la consultora internacional de ANTEL) y generaría ahorros de alrededor unos 500 mil dólares al año, lo cual podría bajar los costos para productores y, eventualmente, permitir entradas más baratas y accesibles para toda la ciudadanía. ¿Acaso esto no es, en sí misma, una política pública de acceso a la cultura y el entretenimiento?

Antes de criticar estas iniciativas, me preguntaría: ¿por qué sería "temerario" brindar espectáculos accesibles a toda la ciudadanía? ¿Acaso no es igual de temerario que una empresa privada invierta millones en un shopping o un data center? La diferencia radica en el objetivo: el riesgo privado busca ganancia; el riesgo público busca beneficio social. Como explica la experta internacional Mariana Mazzucato en su libro 'El Estado Emprendedor', la verdadera timidez es la del sector privado. La inversión en la incertidumbre radical -la que transforma la sociedad- siempre la asumió el Estado. El riesgo que toman las empresas públicas es un riesgo paciente y colectivo, un acto de fe en nuestro propio desarrollo.

Movistar nunca construyó un Arena en Uruguay. ¿Nunca lo pensaron?

La paradoja del legado.

Y aquí llegamos a la paradoja que no me deja dormir: ¿por qué nos avergonzamos de nuestro propio legado? ¿Nos compramos el discurso neoliberal global de que “lo privado es eficiente y lo público es burocrático”, adoptándolo como un signo de modernización? No entender la función de nuestras empresas públicas es no defender nuestra soberanía. Es aceptar que la calidad de vida de un uruguayo deje de ser una política de Estado, y se convierta en una variable más en la planilla de cálculo de una multinacional. Defenderlas tampoco es un acto de nostalgia, es reconocer su rol irremplazable en la construcción de la equidad y la inclusión. Y por supuesto, son el brazo ejecutor de políticas públicas estratégicas -agua, energía, telecomunicaciones, combustibles, correos- que el mercado privado abandonaría si el margen de ganancia fuera escaso.

Exijámosles eficiencia y profesionalismo, sí, pero jamás las despojemos de su mandato social. Es hora de dejar de medir su éxito con la vara del balance privado y volver a valorarlas por lo que realmente son: la capacidad del Estado de invertir en su gente y devolverle a la ciudadanía su derecho más puro: la felicidad pública.