La alquimia del discurso político.

Durante siglos, la alquimia prometió lo imposible: transformar el plomo en oro. No lo hacía desde el método ni desde la evidencia, sino desde el ritual, el misterio y la palabra grandilocuente. Su fuerza no residía en los resultados —que nunca llegaron—, sino en la capacidad de sostener un relato que siempre postergaba la prueba final. El oro estaba cerca, decían. Solo hacía falta creer un poco más. Esa lógica, tan antigua como ineficaz, ha vuelto a encontrar terreno fértil en una parte del discurso político contemporáneo. En particular, en el ámbito legislativo, donde el mal uso del lenguaje dejó de ser una desviación ocasional para convertirse en una herramienta sistemática de poder.

Durante buena parte de la historia uruguaya, la política se sostuvo sobre la premisa básica de discutir ideas, confrontar proyectos y hacerse cargo de las consecuencias. Con diferencias ideológicas profundas, sí, pero con un respeto estructural por la palabra, por el argumento y por la visión de política pública como instrumento legítimo de transformación social. El lenguaje importaba porque expresaba un proyecto de país y porque obligaba a quienes lo usaban a asumir responsabilidades. Hoy, ese compromiso ético parece quebrado. Cuando los argumentos se agotan, las palabras se transforman. No para aclarar, sino para confundir. No para explicar, sino para engañar. No para convencer, sino para agredir. Conceptos centrales de la vida democrática -Estado, políticas públicas, gestión, derechos, inversión social- son vaciados de su sentido histórico y resignificados como amenazas, excesos o privilegios injustificados.

Esta alquimia discursiva no es inocente. Algunos senadores/as o diputados/as que integran el Parlamento, históricamente espacio de deliberación y construcción colectiva, lo han transformado en un escenario de provocación permanente. Allí donde antes había confrontación de ideas, hoy hay exabruptos y consignas diseñadas para tergiversar el diálogo. Como el alquimista que debía mantener viva la ilusión para conservar su misticismo, algunos legisladores parecen más preocupados por sostener un personaje que por sostener una política pública. El alquimista medieval hablaba en símbolos herméticos para ocultar su falta de conocimiento. El político irresponsable actual incurre en una práctica más dañina: deforma palabras y conceptos como herramienta de agresión y desaprobación. Y a los sectores más vulnerables no se les ofrecen soluciones estructurales, sino relatos simplificados que prometen alivio inmediato mientras se desmontan, en silencio, los instrumentos que históricamente permitieron mejorar sus condiciones de vida. Por esto digo que la lógica de la alquimia ha resurgido en el discurso político contemporáneo; las palabras ya no buscan transformar la realidad, sino agredir al adversario y engañar a la ciudadanía.

Así, toda política pública pasa a ser “gasto”, toda planificación es “burocracia”, toda innovación en la gestión es “capricho ideológico”. La complejidad se vuelve sospechosa y el conocimiento técnico es presentado como elitismo. En ese clima, discutir seriamente desarrollo, inclusión o modernización del Estado se vuelve casi imposible. Pero hay un dato ineludible que suele quedar fuera de esta puesta en escena, los legisladores no hablan en nombre propio. Son elegidos por el pueblo y remunerados con recursos públicos. Su palabra no es privada; es institucional. Su conducta no es anecdótica; es ejemplar o corrosiva. En una democracia, quienes legislan no solo representan intereses, también modelan comportamientos y establecen estándares para las generaciones futuras de dirigentes.

Cuando desde el Parlamento se naturaliza el agravio, la vulgaridad o la irresponsabilidad discursiva, no solo se degrada el debate político; se erosiona la credibilidad del sistema de gobierno. La sociedad no se irrita por exceso de sensibilidad, sino por exceso de impunidad simbólica. Porque cuando quienes deberían dar el ejemplo incumplen las reglas básicas del respeto y la ética, el mensaje que se transmite es devastador: todo vale, nada importa. Pero no nos engañemos, el deterioro del lenguaje no es un daño colateral; es una estrategia. Si las palabras pierden sentido, también lo pierden las responsabilidades. Si todo se vuelve confuso, cualquier política pública puede descartarse sin discusión. Y si la política aparece como un espectáculo grosero, la democracia termina pagando el costo en forma de desconfianza, apatía y descreimiento.

La alquimia fracasó porque confundió deseo con conocimiento. Esta forma de hacer política fracasa porque confunde cinismo con pragmatismo. En ambos casos, el resultado es el mismo, promesas vacías y realidades que no se transforman. Uruguay supo construir, con aciertos y errores, una tradición política donde la palabra tenía peso, la gestión importaba y el Estado era una herramienta perfectible, no un enemigo abstracto. Recuperar esa tradición no es un ejercicio de nostalgia; es una necesidad democrática urgente.

Porque el plomo, por más que se lo nombre oro, sigue siendo plomo. Y una democracia que acepta la alquimia discursiva como norma termina pagando un precio muy alto: menos políticas públicas, menos innovación, más privilegios para los más poderosos y una ciudadanía cada vez más distante de quienes dicen representarla.